El gobierno de Donald Trump negó el domingo haber violado una orden judicial al deportar a cientos de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador durante el fin de semana, afirmando que el presidente tenía amplios poderes para expulsarlos rápidamente en virtud de una ley del siglo XVIII concebida para tiempos de guerra.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó también en un comunicado que los tribunales federales “no tienen jurisdicción” sobre la gestión de los asuntos exteriores del presidente ni sobre su facultad de expulsar a enemigos extranjeros.
“Un solo juez de una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones lleno de terroristas extranjeros que fueron expulsados físicamente de suelo estadounidense”, dijo en un comunicado. No estaba claro por qué se refería a un portaaviones, porque todo parecía indicar que los venezolanos habían sido trasladados en avión a El Salvador.
Aunque los funcionarios de la Casa Blanca se regocijaron por lo que consideran una victoria que sienta precedente en sus esfuerzos por acelerar las expulsiones, los comentarios también reconocen tácitamente que podría ser solo el comienzo de las batallas judiciales sobre su fundamento jurídico.
El presidente Trump firmó el viernes una orden ejecutiva invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para detener y deportar rápidamente a quienes la administración identifique como miembros de la pandilla Tren de Aragua sin muchos de los procesos legales habituales en los casos de inmigración. La ley de enemigos permite deportaciones sumarias de personas procedentes de países en guerra con Estados Unidos.
El sábado, el juez James Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, dictó una orden de restricción temporal que impedía al gobierno deportar a ningún inmigrante en virtud de la ley tras la orden de Trump que la invocaba.
En una audiencia programada precipitadamente a petición de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el juez dijo que no creía que la ley federal permitiera la acción del presidente. También ordenó que todos los vuelos que hubieran partido con inmigrantes venezolanos en virtud de la orden ejecutiva regresaran a Estados Unidos “comoquiera que se logre, ya sea dando la vuelta al avión o no”.
“Esto es algo que tienen que asegurarse de que se cumpla inmediatamente”, dijo.
Los funcionarios no han dicho cuándo aterrizaron los vuelos de deportación en El Salvador, pero Leavitt insistió el domingo en que los migrantes “ya habían sido expulsados del territorio estadounidense” en el momento de la orden del juez. No dijo si los aviones podrían haber dado la vuelta y regresado a Estados Unidos, como ordenó el juez.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en las redes sociales un video de tres minutos en el que se ve cómo unos hombres esposados son bajados de un avión durante la noche y conducidos a la prisión. El video también muestra a funcionarios de prisiones afeitando las cabezas de los presos.
El gobierno de Trump espera que el inusual acuerdo de traslado de presos —que no es un intercambio, sino un acuerdo para que El Salvador acoja a los sospechosos de pertenecer a pandillas— sea el comienzo de un esfuerzo mayor para utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esa ley, más conocida por su papel en el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos —durante la Guerra de 1812 y ambas Guerras Mundiales—, según el Centro Brennan para la Justicia, una organización de derecho y política. Funcionarios estadounidenses familiarizados con el acuerdo dijeron que Estados Unidos pagaría a El Salvador unos 6 millones de dólares para alojar a los presos.
Durante la audiencia del sábado, el juez Boasberg dijo que ordenaba al gobierno que diera la vuelta a los vuelos, dada la “información, no refutada por el gobierno, de que los vuelos están saliendo activamente”.
Un abogado que representaba al gobierno, Drew Ensign, dijo al juez Boasberg que no tenía muchos detalles que compartir, y que describir detalles operativos plantearía “cuestiones de seguridad nacional”.
El horario de los vuelos a El Salvador es importante porque el juez Boasberg dictó su orden poco antes de las 07:00 p. m. en Washington, pero un video publicado desde El Salvador muestra a los deportados desembarcando del avión por la noche. El Salvador está dos husos horarios por detrás de Washington, lo que plantea dudas sobre si el gobierno de Trump había ignorado una orden judicial explícita.
La orden de Boasberg de dar la vuelta a los vuelos se produjo después de que, previamente, el sábado dijera al gobierno que no deportara a cinco hombres venezolanos, quienes fueron el foco inicial de la disputa legal. El gobierno de Trump ha recurrido la orden del juez.
En una presentación judicial, el gobierno de Trump dijo que los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional fueron “notificados con prontitud” de la orden escrita del juez cuando se publicó en el registro electrónico a las 07:26 p. m. horas del sábado.
La administración dijo que los cinco demandantes que interpusieron una demanda para bloquear sus deportaciones —la demanda que dio lugar a la primera orden del juez el sábado— no habían sido deportados.
El escrito añadía que “algunos miembros de pandillas sujetos a expulsión” por el decreto del presidente “ya habían sido expulsados” del territorio estadounidense antes de que el juez Boasberg dictara la segunda orden, más amplia.
El domingo, Bukele publicó una captura de pantalla en las redes sociales sobre la orden del juez Boasberg y escribió: “Ups… demasiado tarde”. Más tarde, el secretario de Estado, Marco Rubio, compartió la publicación de Bukele desde su cuenta personal.
La fiscal general Pam Bondi criticó al juez el sábado por la noche en un comunicado, en el que escribió que se había puesto del lado de “los terroristas por encima de la seguridad de los estadounidenses”, y que su orden “hace caso omiso de la autoridad bien establecida en relación con el poder del presidente Trump, y pone en peligro al público y a las fuerzas del orden”.
El domingo, el gobierno venezolano denunció el traslado, afirmando que iba en contra de las leyes estadounidenses e internacionales y añadiendo que el intento de aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros constituye “un delito de lesa humanidad”.
La declaración comparaba el traslado con “los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad”, como la esclavitud y los campos de concentración nazis. En particular, Venezuela denunció lo que calificó de amenaza de secuestrar a menores de tan solo 14 años tachándolos de terroristas, afirmando que los menores eran “considerados criminales por el mero hecho de ser venezolanos”.
El gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha supuesto un obstáculo para el gobierno de Trump en sus planes de intensificar las deportaciones —y de centrarse en personas sospechosas de pertenecer al Tren de Aragua— porque durante años no ha aceptado regularmente vuelos de deportación. En las últimas semanas, Maduro ha cambiado continuamente de parecer sobre si su gobierno aceptaría tales vuelos con venezolanos procedentes de Estados Unidos.
En consecuencia, el gobierno de Trump ha buscado destinos alternativos, incluida la base naval de Guantánamo, Cuba, donde ha enviado a algunos migrantes, incluidos los sospechosos de pertenecer a pandillas, aunque desde entonces los ha retirado de la base.
En un giro inusual, El Salvador ha presentado a Trump otra alternativa.
A principios de febrero, mientras Rubio visitaba El Salvador, Bukele se ofreció a acoger a deportados de cualquier nacionalidad, incluidos delincuentes convictos, y encarcelarlos en parte del sistema penitenciario salvadoreño, por una cuota.
Rubio, que anunció la oferta en aquel momento, dijo que Bukele había aceptado encarcelar a “cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos que sea un delincuente de cualquier nacionalidad, ya sea de la MS-13 o del Tren de Aragua”.
Funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador revelaron que el acuerdo con el gobierno de Trump también incluía el traslado de presuntos miembros de la pandilla salvadoreña MS-13 que estaban detenidos en Estados Unidos a la espera de ser acusados.
“Hemos enviado a dos peligrosos líderes de la MS-13 y a 21 de sus miembros más buscados de vuelta a El Salvador para que se enfrenten a la justicia”, publicó Rubio en las redes sociales el domingo. Rubio añadió que “más de 250 extranjeros enemigos del Tren de Aragua” también habían sido enviados a El Salvador, que “ha accedido a recluirlos en sus muy buenas cárceles a un precio justo”.
Los dos hombres de la MS-13 mencionados por Rubio eran uno acusado de ser un alto dirigente y otro sospechoso de ser miembro de la pandilla.
El primero, César Humberto López-Larios, fue uno de los 14 cabecillas de más alto rango de la pandilla contra los que se presentaron cargos en Long Island en 2020. Fue detenido el año pasado en Texas y desde entonces se encuentra bajo custodia estadounidense a la espera de juicio.
El segundo, César Eliseo Sorto-Amaya, fue detenido en febrero acusado de haber entrado ilegalmente en Estados Unidos, por cuarta vez desde 2015. Se le buscaba por cargos de doble homicidio con agravantes en El Salvador, donde había sido condenado en rebeldía a 50 años de prisión. Los cargos presentados en Estados Unidos contra ambos hombres fueron desestimados el martes, según las actas judiciales que se hicieron públicas el domingo.
Los fiscales escribieron al juez del caso de López-Larios que el gobierno estadounidense había decidido que “consideraciones sensibles e importantes de política exterior pesan más que el interés del gobierno en proseguir el procesamiento del acusado”.
Los traslados de los dos hombres han suscitado preocupación entre algunos funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley, que temen que esos individuos, una vez fuera de la custodia estadounidense, puedan fugarse o emitir órdenes que pongan en peligro a testigos en ambos países, según personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones internas.
Bukele llegó al poder con la promesa de tomar medidas enérgicas contra la violencia de las pandillas y la MS-13. Su éxito en el restablecimiento de la seguridad le ha granjeado un amplio apoyo en El Salvador y en toda Latinoamérica, pero sus detractores afirman que ha sido a costa de los derechos humanos.
Al imponer el estado de excepción, ha eludido el debido proceso y ha ordenado detenciones generalizadas que han atrapado a miles de personas sin ninguna afiliación a grupos delictivos, afirman los críticos. Bajo el mandato de Bukele, la población carcelaria se ha disparado y se han documentado abusos en el sistema, incluida la tortura.
Bukele ha promocionado su mano dura publicando dramáticas fotografías de las prisiones de su país que se parecen a las compartidas este fin de semana: a menudo muestran a decenas de reclusos tatuados con la cabeza rapada, esposados y obligados a adoptar posturas sumisas.
Tim Balk colaboró con reportería.
Devlin Barrett cubre el Departamento de Justicia y el FBI para el Times. Más de Devlin Barrett
Annie Correal informa desde Estados Unidos y América Latina para el Times. Más de Annie Correal
William K. Rashbaum es un periodista del Times que cubre la corrupción municipal y política, los tribunales y temas más amplios relacionados con el cumplimiento de la ley en Nueva York. Más de William K. Rashbaum
