Casi 100 migrantes, recientemente deportados por Estados Unidos a Panamá, donde habían sido encerrados en un hotel, fueron llevados a autobuses el martes por la noche y trasladados a un campo de detención en las afueras de la selva, dijeron varios de los migrantes.
No está claro cuánto tiempo permanecerá detenido este grupo, que fue deportado en el marco de la campaña del gobierno de Donald Trump para expulsar a los migrantes no autorizados, en el campamento en la selva.
Las condiciones del lugar son precarias, dijeron los detenidos. Las enfermedades, incluido el dengue, son endémicas en la región, y el gobierno ha denegado el acceso a periodistas y organizaciones de ayuda.
“Parece un zoológico, hay jaulas con rejas”, dijo una mujer deportada, Artemis Ghasemzadeh, migrante iraní de 27 años, tras llegar al campamento después de un viaje de cuatro horas desde Ciudad de Panamá. “Nos dieron un trozo de pan duro. Estamos sentados en el suelo”.
En el grupo hay ocho niños, según una persona conocedora de la situación que no estaba autorizada a hablar de manera oficial. Los abogados han dicho que es ilegal detener a personas en Panamá durante más de 24 horas sin una orden judicial.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Carlos Ruiz-Hernández, confirmó que 97 personas habían sido trasladadas al campamento. “No son detenidos”, dijo. “Es un campamento de migrantes donde se les atenderá, no un campo de detención”.
Ruiz-Hernández dijo que el campamento era la mejor opción disponible que tenía el gobierno para alojar a los migrantes y señaló que cuentan con alimentos, agua y acceso a atención médica y psicológica. Dijo que no había jaulas.
En una entrevista emitida el miércoles en el programa de noticias Panamá En Directo, el ministro de Seguridad Pública del país, Frank Ábrego, no habló del traslado. Pero dijo que Panamá retenía a los migrantes “por su propia protección” y porque los funcionarios “necesitamos verificar efectivamente quiénes son”.
El traslado es el paso más reciente en la saga de un grupo de unos 300 migrantes que llegaron a Estados Unidos con la esperanza de solicitar asilo. El grupo fue enviado a Panamá, que ha acordado ayudar al presidente Trump en su plan para deportar a millones de migrantes indocumentados.
El acuerdo forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Trump para exportar algunos de sus retos migratorios más difíciles a otras naciones. Estados Unidos, por diversos motivos, no puede deportar fácilmente a personas a países como Afganistán, Irán y China, pero ejerciendo una intensa presión ha conseguido convencer a Panamá para que acoja a algunas de ellas.
La semana pasada, Ruiz-Hernández, viceministro de Asuntos Exteriores, dijo que Panamá estaba cumpliendo una petición directa del gobierno de Trump de aceptar a los migrantes.
Los analistas afirman que Panamá también está sometida a una intensa presión por parte de Trump, quien ha amenazado con confiscar el canal de Panamá por lo que considera influencia china en la vía navegable, una afirmación que el presidente de Panamá ha refutado en varias ocasiones.
Tras ser enviados a Panamá, los migrantes deportados dejan de estar sujetos a la legislación estadounidense.
Costa Rica también está acogiendo a algunos deportados, migrantes originarios de Asia Central e India, y ha dicho que tiene previsto repatriarlos. Se esperaba que un vuelo procedente de Estados Unidos llegara a Costa Rica el miércoles.
A su llegada a Ciudad de Panamá la semana pasada, los aproximadamente 300 migrantes fueron llevados a un hotel del centro de la ciudad, llamado Decapolis, y se les prohibió salir, según relataron varios de ellos a The New York Times en llamadas y mensajes de texto.
A una abogada que pretendía representar a muchos de ellos, Jenny Soto Fernández, se le impidió al menos cuatro veces visitarlos en el hotel, dijo. En el hotel, la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas ha estado hablando con los migrantes sobre sus opciones, según el gobierno, y ofreciendo vuelos a sus países de origen a quien lo desee.
Algunos, entre ellos un grupo de cristianos iraníes y un hombre de China, dijeron a The New York Times que corren el riesgo de sufrir represalias si son devueltos a sus países de origen, y se han negado a firmar documentos que facilitarían el camino para su repatriación.
Según la legislación iraní, convertirse del islam se considera apostasía y es un delito que se castiga con la muerte.
El martes por la mañana, un artículo publicado por el Times atrajo una enorme atención sobre la situación de los migrantes, y miembros de los medios de comunicación panameños empezaron a rodear el hotel.
El martes por la noche, los guardias del hotel les dijeron que hicieran las maletas, dijo Ghasemzadeh, la migrante de Irán. Llegaron varios autobuses y los guardias los condujeron a bordo, como presenció un periodista que trabajaba para The New York Times.
Ghasemzadeh dijo que al principio les dijeron que los llevarían a otro hotel, y algunos temieron que en realidad los deportaran a Irán.
En lugar de eso, los autobuses pasaron por el aeropuerto y luego serpentearon hasta una autopista, saliendo de Ciudad de Panamá, hacia el este y luego más hacia el este, hasta la provincia de Darién.
Dos migrantes utilizaron sus teléfonos celulares para compartir su ubicación en tiempo real con el Times, lo que permitió a los periodistas seguir sus movimientos.
El campamento donde se alojará el centenar de migrantes se llama San Vicente, y está situado al final de una selva, también llamada el Tapón del Darién, que une Panamá con Colombia. El campamento se construyó hace años como punto de parada para los migrantes que se dirigían al norte desde Colombia a través de la selva del Darién y hacia Panamá, una parte angustiosa del viaje hacia Estados Unidos.
Ahora, el gobierno panameño lo está utilizando para los deportados.
Una mujer iraní, madre de un niño de 8 años, lloró durante el viaje en autobús. Dijo que su hijo llevaba días con dolor de garganta y que la incertidumbre y el desplazamiento constante le estaban pasando factura.
A su llegada, Ghasemzadeh dijo que pudo ver grandes contenedores que parecían ser los nuevos hogares de los migrantes. Los funcionarios les indicaron que llenaran formularios con sus nombres y les pidieron sus huellas dactilares, dijo.
El martes, el ministro de Seguridad panameño, Frank Ábrego, dijo a la prensa que 170 de los aproximadamente 300 migrantes se habían ofrecido para ser devueltos a sus países de origen, viajes que organizaría la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Describió la decisión de retener a los migrantes como parte de un acuerdo con Estados Unidos.
“Lo que acordamos con el gobierno de Estados Unidos es que ellos se quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”, dijo.
En respuesta a las versiones de los migrantes de que a muchos se les habían confiscado teléfonos celulares y documentos, incluidos pasaportes, Ábrego dijo que esos objetos se tomaron mientras las personas migrantes estaban en custodia estadounidense.
El miércoles dijo que 12 personas de Uzbekistán e India fueron repatriadas con ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones.
Los funcionarios también dijeron el miércoles que uno de los migrantes bajo su custodia, una mujer de China, se había escapado del hotel, donde permanecen decenas de migrantes.
En un mensaje publicado en X, el servicio de migración del país pidió ayuda para encontrarla, diciendo que las autoridades temían que cayera en manos de traficantes de personas.
“Como entidad de seguridad del Estado”, escribieron las autoridades en X, “nuestro compromiso es combatir la migración ilegal”, cumpliendo al mismo tiempo “los principios y normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos”.
El gobierno panameño había dicho anteriormente que los migrantes no tenían antecedentes penales.
Muchos migrantes que permanecen en el hotel —incluidos algunos de India y Europa del Este— firmaron documentos que autorizan su deportación y se espera que sean enviados a sus países de origen en los próximos días.
El miércoles por la mañana, desde la región de Darién, Ghasemzadeh describió un campamento sofocante, plagado de gatos y perros.
Después, envió un mensaje de texto diciendo que temía que las autoridades le quitaran pronto su teléfono. “Por favor, intenten ayudarnos”, escribió.
Alex E. Hernández colaboró con reportería desde Ciudad de Panamá.
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes para el Times, está radicada en Bogotá y cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Más de Julie Turkewitz
Farnaz Fassihi es la jefa de la oficina de las Naciones Unidas del Times, que dirige la cobertura de la organización, y también cubre temas iraníes y la guerra entre Irán e Israel. Trabaja desde Nueva York. Más de Farnaz Fassihi
Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y las políticas migratorias. Más de Hamed Aleaziz
Annie Correal reporta desde EE. UU. y América Latina para el Times. Más de Annie Correal
